Despenalizar el aborto en Argentina y en el resto de América Latina es un compromiso con la vida y un imperativo de derechos humanos. Lo dejaron claro los representantes de 38 gobiernos de la región, el mes pasado, cuando se reunieron para la Primera Conferencia sobre Población y Desarrollo, en Montevideo.
Allí reconocieron que la interrupción voluntaria del embarazo provoca el incremento de la mortalidad y morbilidad maternas y no disminuye el número de abortos. Esto es así porque amenazar con penas de prisión a mujeres, jóvenes y adolescentes que deciden interrumpir su embarazo no las disuade y, en cambio, las induce a recurrir a prácticas clandestinas, que en la mayoría de los casos son inseguros y ponen su vida y su salud en riesgo.
Allí reconocieron que la interrupción voluntaria del embarazo provoca el incremento de la mortalidad y morbilidad maternas y no disminuye el número de abortos. Esto es así porque amenazar con penas de prisión a mujeres, jóvenes y adolescentes que deciden interrumpir su embarazo no las disuade y, en cambio, las induce a recurrir a prácticas clandestinas, que en la mayoría de los casos son inseguros y ponen su vida y su salud en riesgo.